Acreedores y deudas asedian a Hermanos Santana Cazorla SL en su fase de liquidación

En el proceso de concurso de acreedores que involucra a la empresa Hermanos Santana Cazorla SL, actualmente en liquidación, hay un total de catorce acreedores. Este grupo comprende diversas administraciones públicas, entidades financieras, empresas Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) del sector turístico y de servicios, así como otras compañías de diversas industrias y particulares. Según información proporcionada por fuentes relacionadas con el procedimiento judicial, la deuda total reconocida supera los 200 millones de euros. Además, se deben considerar al menos 80 millones adicionales que corresponden al concurso del consorcio Mar Abierto, entidad que gestiona los hoteles asociados al grupo Santana Cazorla en la localidad de Taurito.

Tal como se mencionó en este medio, el Juzgado de lo Mercantil número 1, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, tomó la decisión el 31 de mayo de abrir la fase de liquidación del proceso concursal y disolver la empresa, dado que no se presentó un convenio de acreedores dentro del plazo estipulado. La lista de acreedores incluye entidades como Isla Marina, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), Banco Sabadell, la Mancomunidad Residencial Pino II, y varias personas y empresas individuales, tales como María de los Ángeles García, Asefa SA Seguros y Reaseguros, Caixabank, Residencias Canarias, Voyager UK, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, María del Carmen Goñi, Pablo Rafael Borras, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Canarias.

El juez Alberto López, en cumplimiento de la normativa concursal, ha determinado que Hermanos Santana Cazorla SL queda suspendida en su capacidad para administrar y disponer de los bienes y derechos que conforman su patrimonio activo. Asimismo, se aprobó la disolución de la propia empresa y el cese de los actuales administradores o liquidadores, quienes serán reemplazados por la administración concursal. En caso de existir créditos concursales que estuvieran aplazados, se decretará su vencimiento anticipado, así como la conversión en efectivo de aquellos créditos que impliquen otras prestaciones. La resolución judicial debe ser publicada en el Registro Concursal Público y en el Tablón Edictal Judicial Único, y también se llevará a cabo la inscripción de la apertura de la fase de liquidación en el Registro Mercantil. Todo este procedimiento puede ser objeto de un recurso de reposición por parte de la empresa, aunque dicho recurso no tendrá efecto suspensivo. También existe la posibilidad de presentar un recurso de apelación.